Lawditic | Hacia una regulación del consumo colaborativo
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Hacia una regulación del consumo colaborativo

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El consumo colaborativo o participativo ha venido teniendo un gran auge en los mercados digitales desde hace ya unos años, y son muchos los usuarios que se suman a esta corriente que toca tantos sectores de la vida cotidiana como podemos imaginar: servicios, transporte, alojamiento, espacios de trabajo, financiación, préstamos entre particulares, arrendamiento de bienes, educación, cultura, ocio, turismo, comunidades de profesionales y alimentación.

A raíz de la crisis económica surgieron plataformas online para alojamiento en casas, compraventa de artículos de segunda mano que se utilizan una sola vez, como trajes de novias y complementos,  alquiler de vehículos, de herramientas o de trajes de gala,  y también comunidades donde las personas publican una tarea y el precio que ofrecen a la persona que quiera llevarla a cabo.

El consumo colaborativo permite que las personas tengan de manera eficiente lo que necesitan de cada una de ellas, promoviendo los valores de cooperación y el ejercicio de la solidaridad. Como señala el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre consumo colaborativo o participativo: “el poder de la colaboración y el compartir a través de la tecnología tienden a cambiar la forma de concebir la propiedad y las relaciones comerciales. El producto ya no se vende únicamente, sino que se alquila, redistribuye o comparte, como también sucede con los servicios. Los consumidores quieren poseer menos pero beneficiarse más”.

Este sector representa hoy inversiones millonarias en  rondas de financiación y ya ni hablar de los beneficios. La revista Forbes ha estimado recientemente que el flujo de ingresos a través del consumo colaborativo superará los 3,5 mil millones de dólares este año, con un crecimiento superior al 25%.

El problema como toda novedad, es su falta de regulación específica, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, lo que implica que los sectores tradicionales hayan levantado voces contra esta nueva economía al verse amenazados por supuesta competencia desleal (caso de los taxistas y Uber, o el sector hotelero con Airbnb).

Era de esperar que el Gobierno catalán, a través del Consejo Ejecutivo,  tomara cartas en este asunto, y hace poco anunció que ha iniciado el proceso para regularizar la economía colaborativa y que la propuesta “abordará el tratamiento fiscal de las actividades de la economía colaborativa, los mecanismos para garantizar el control de la calidad de la oferta, la protección de los usuarios y consumidores o la prevención de la competencia desleal. Así también se informa que “se pretende evitar la precariedad laboral encubierta, el fraude fiscal, la economía sumergida o de afectación sobre la salud, el descanso o la convivencia en los zonas donde se llevan a cabo”.

Esperemos que en esta iniciativa de propuesta, se tomen en consideración las experiencias y modelos implantados en otros países como USA, en donde el sector de consumo colaborativo está más evolucionado, y tome en consideración las conclusiones y recomendaciones del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo,  que a continuación indicamos:

  • El consumo colaborativo o participativo se extiende cada vez a más comunidades y ciudades de todo el mundo, que usan las redes tecnológicas para hacer más con menos mediante actividades como el alquiler, el préstamo, el intercambio, el trueque, el regalo o compartiendo productos a una escala antes inimaginable.
  • Su incidencia económica viene acompañada por una transformación conceptual del trabajo que posiciona al consumo colaborativo o participativo como una importante fuente potencial de empleo en los próximos años.
  • En consecuencia, el consumo colaborativo o participativo representa la complementación ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico de la economía de la producción por la economía del consumo. Además, supone una solución a la crisis económica y financiera en la medida que posibilita el intercambio en casos de necesidad.
  • La complejidad y trascendencia que acompañan a la emergencia del consumo colaborativo o participativo exige que las instituciones pertinentes, a partir de los estudios precisos, acometan regular y ordenar las prácticas que se desarrollan en su seno, de manera que puedan establecerse los derechos y responsabilidades de todos los agentes que en él operan. Por una parte, puede cubrir las necesidades sociales en casos de enfoque no comercial, y por otra, contribuir como actividad con ánimo de lucro, a generar empleo, cumpliendo con las normas fiscales, normas de seguridad, responsabilidad, protección del consumidor y demás normas imperativas.
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